Por Sofía Vargas Roberts

Como Gobierno estamos convencidos de que enfrentar la crisis de pérdida de especies y ecosistemas es algo de la mayor importancia. No sólo por los servicios ecosistémicos que prestan las zonas protegidas, los cuales son vitales para la vida humana, sino también para resguardar el patrimonio natural de nuestro país, que en muchas ocasiones revela importantes descubrimientos científicos que derivan en mejoras a la calidad de vida de la ciudadanía.  

Proteger zonas naturales es clave y es un imperativo de las sociedades en el marco del cambio climático. Por ello es que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas SBAP viene a reforzar la senda que en el mundo se está tomando para dar viabilidad a los ecosistemas del planeta.

El nuevo SBAP entregará una herramienta fundamental: un servicio público 100% enfocado en la protección de naturaleza terrestre y marina, que además contará con el financiamiento para gestionar las áreas protegidas.

De esta forma el proyecto de Ley para la Naturaleza completa la institucionalidad ambiental chilena, conformada actualmente por el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), además de los tribunales ambientales.

Se fortalece la normativa y se otorga un financiamiento robusto y eficiente para la conservación. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas (42%) y terrestres (22%) y, de acuerdo al Informe Financiero Sustitutivo 2022, con este proyecto se concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del Estado dedicado a la institucionalidad ambiental de casi un 58%, un gran avance sin dudas que busca que las nuevas generaciones puedan disfrutar de nuestro patrimonio natural, y a la vez buscar un desarrollo que considere la proyección ambiental como fundamental para un país que mira al futuro, ciudadano su presente.